Las recientes noticias periodísticas acerca del destino que se le asignará a los primeros 800 efectivos de la Policía Metropolitana demuestran una vez más que el rol que pretende darle el Jefe de Gobierno Porteño es reprimir a los pobres y a quienes realicen reclamos.
La División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), un pretendido grupo de élite, se confirmará por 80 personas, el 10 por ciento de los efectivos totales de la fuerza (un porcentaje fuera de toda proporción razonable), “para intervenir en tomas de rehenes, reducción de personas con problemas de demencia y otras hipótesis de conflicto”. Este grupo, al estilo SWAT, estará conformado (según trascendidos) por personal proveniente del GEOF (de la PFA), del Grupo Halcón (Policía Bonaerense) y antiguos integrantes de los grupos especiales de la Prefectura Naval Argentina (Albatros, recordados por su participación en una de las rebeliones carapintadas), la Gendarmería Nacional (Alacranes) e incluso comandos de las Fuerzas Armadas (por ejemplo, de la Infantería de Marina), armados con fusiles automáticos de tipo militar. Probablemente, la terminen usando para allanamientos en villas de emergencia (como el GEOF de la PFA) o desalojos de familias pobres (como el GE-1, el otro grupo especial de la PFA)
A esos ochenta comandos se sumarán otros 300 efectivos de Orden Urbano, destinados a intervenir en desalojos o manifestaciones, al estilo del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) y el Cuerpo Policía Montada (CPM) de la PFA (dos Departamentos que precisamente forman parte de la Dirección General de Orden Urbano y Federal). Es probable que allí se incorpore a los integrantes de la DOUCAD (división que forma parte del CPM de la PFA), de triste memoria en la represión frente a la Legislatura porteña en julio del año 2004. Sin ninguna duda, los efectivos de Orden Urbano se usarán para reprimir manifestantes, desalojar personas con problemas de vivienda (como ha reconocido públicamente por el ministro Montenegro) y otras tareas totalmente ajenas a los delitos contra las personas (homicidios, violaciones, secuestros y robos con armas), que los medios y la derecha habitualmente invocan en sus campañas de ley y orden.
Otros 150 policías, que no usarán uniformes, se dedicarían a investigaciones (al estilo de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA). Por la información periodística, estarían más cerca del modelo policial del “trabajo” con informantes (“buches” frecuentemente vinculados a acciones delictivas) que al policía científico, con conocimiento y aplicación prolija de las ciencias criminalísticas, necesario para esclarecer seriamente la mayoría de los hechos delicitivos.
Un número no determinado (pero que no superaría los 210, según surge de la resta de los otros destinos) formará parte de la Brigada de Intervenciones Rápidas (BIR), que recorrerá la ciudad “para intervenir en hurtos” y colaborar con la PFA, además de patrullar “los puntos más críticos, según un mapa del delito que ya se está elaborando”. Esta fuerza de intervención rápida es otra reedición de tradiciones de la PFA. Su última versión fueron las Unidades Móviles de Contención, creadas en el año 2001. Eran diecisiete patrulleros Peugeot 206 que también estaban supuestamente destinados a actuar contra los delitos comunes pero fueron reiteradamente empleados en represiones políticas, como la represión de la marcha contra el ALCA (abril de ese año) y los operativos del 19 y 20 de diciembre.
Apenas 60 policías se destinarán al Cuerpo de Tránsito, demostrando que la vida humana es una de las últimas prioridades de este Jefe de Gobierno, ya que los accidentes de tránsito están entre las principales causas de muerte y lesiones graves en nuestra ciudad (la continuidad de la guardia urbana heredada del Ibarrismo poco cambia en este sentido).
La conclusión es ineludible. La Policía Metropolitana, desde el jefe elegido hasta su organización interna, es una reproducción de los peores aspectos represivos de su pariente más antigua, la Policía Federal Argentina, centrada hasta un punto inimaginable en la represión de la oposición social o política y, especialmente, de los pobres que tengan la desgracia de habitar (o transitar) la ciudad gobernada por el ingeniero. Ninguna organización policial tiene un 10% de sus integrantes dedicados a fuerzas especiales, ni destina la mitad de sus integrantes a la represión de manifestaciones o al desalojo de personas sin hogar.
No podemos dejar de señalar que la Ley de Seguridad Pública de la C.A.B.A. Nº 2894, del mismo modo que permite ingresar a la fuerza a toda aquella persona que no ha sido condenada por incurrir en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático ni registre condena por violación a los derechos humanos (artículo 47), le otorga al Jefe de Gobierno la facultad de designar al Jefe y Subjefe de la Policía Metropolitana (artículo 34) y le da además la facultad de establecer (a través del Ministro de Justicia y Seguridad) el ámbito de actuación territorial y esfera de actuación funcional de sus unidades operacionales, así como su “composición, dimensión y despliegue” (artículo 37). Esto significa que quienes aprobaron esa ley le dieron al Jefe de Gobierno un cheque en blanco para configurar una policía a su gusto y placer (por lo que la orientación general del organigrama de la fuerza no puede sorprender a nadie, aunque su unilateralidad resulte inédita).
Por supuesto, los porteños que hayan apoyado la creación de esta policía creyendo que sería utilizada para enfrentar delitos graves se equivocaron. Los homicidios, violaciones, secuestros o robos con armas no se previenen ni solucionan con grupos comandos, ni con tropas destinadas a imponer con sus bastones (ahora les dicen “tonfas”) el “orden público” deseado por sus patrocinadores.
Si hoy, la existencia de una patota dependiente del gobierno porteño, formada por apenas una treintena de integrantes y sin autorización de portar armas, la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), ha derivado en la represión de personas en situación de calle y en lesiones sufridas por personas que resistieron injustos desalojos, no es necesaria mucha imaginación para comprender en qué desastre se puede convertir esta ciudad con 800 ejecutores armados de la política macrista.
Para impedirlo, es necesario que las organizaciones del campo popular salgamos rápidamente a generar conciencia pública contra este grave riesgo.
Fuente: Comunicado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre
